
🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴
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Sargento (R) Alexander Chala Sáenz, activista político y excandidato al Senado por el Pacto Histórico, denuncias de corrupción y abusos fuerza pública.👁
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Esas “cloacas” de exmilitares con ínfulas de traquetos, que terminaron arrodillados ante un remedo de mafioso, creyeron que yo me iba a esconder, porque Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia robándose las elecciones. Al día siguiente, no solo estaban pidiendo mi expulsión como veterano; son tan ignorantes que piensan que esa condición es un “cargo”, cuando en realidad es un reconocimiento otorgado a todo militar o policía después de cumplir su tiempo de servicio y retirarse sin una baja deshonrosa, como investigaciones por asesinar a personas inocentes, robarse recursos públicos, conformar grupos paramilitares o traficar con armamento. Los que interponen las demandas saben de qué les hablo; ellos están untados de mierda. También solicitaron que, si contaba con un arma, se me revocara el salvoconducto, tratándolo como una supuesta ilegalidad y como si no hubiera cumplido con todos los requisitos legales. Asimismo, presentaron varias denuncias ante la Fiscalía Colombia (tres en una misma semana) en mi contra, llegando a formular acusaciones absurdas, incluso incluyéndome con cargos de “terrorismo”. Que sigan soñando que me van a aflojar. En estos cuatro años voy a ser la peor piedra en el zapato que van a tener. Los voy a vigilar de día y de noche, y los expondré públicamente con cada indicio de corrupción que aparezca. Ustedes dedíquense a robar; yo me dedicaré a denunciar. Al final, veremos quién gana.
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Aquí encaja perfectamente el refrán: "Tras de ladrón, bufón." Anoche, tras publicar la denuncia titulada "El millonario carrusel de estafas que azota al Ejército Nacional de Colombia", recibí más de 60 mensajes por parte de la implicada, la señora María Yadira Cuesta García. En un descarado acto de cinismo, se atrevió a amenazarme con iniciar acciones legales en mi contra. Lejos de amedrentarme, hoy voy a exponer las pruebas. En mi poder reposa el SPOA del proceso formal que Cuesta García enfrenta en la Fiscalía 60 Especializada en Delitos contra la Fe Pública, donde se le investiga por el delito de estafa, vinculando oficialmente a más de 20 víctimas. Las pruebas, como los soportes de las consignaciones, y los montos exactos del dinero defraudado, están disponibles. Además, la denunciada acumula 18 demandas por la vía civil y un oscuro historial de estafas en Santander, el Cantón Militar de Bogotá y el Fuerte Militar de Tolemaida en Melgar. El Modus Operandi y los Antecedentes María Yadira Cuesta García se presenta en redes sociales como como una exitosa empresaria del sector ganadero, con los nombre de usuario en TikTok y Facebook, Yacyacgarcia y Yafira_45, ostentando una vida de lujos y publicando fotografías junto a reconocidos personajes de la vida política y militar (incluyendo su participación activa en campañas como la de Abelardo de la Espriella). Esta fachada le ha servido para generar una falsa sensación de confianza y acceso a las altas esferas. Sin embargo, los antecedentes demuestran una realidad muy distinta: Centro de operaciones: Aprovechando su condición de exesposa de un sargento y usuaria del sistema de salud militar, utiliza los dispensarios y oficinas de los cantones como su base para captar dinero de oficiales, suboficiales, soldados y personal civil. Historial mediático: Su red de engaños no es nueva; opera bajo esta coartada desde el año 2018 y su caso ya fue expuesto de manera pública en un reportaje del programa de televisión Séptimo Día. Silencio y amenazas: A pesar de que el monto de lo estafado superaría los 1.000 millones de pesos y de que varias víctimas han sido amenazadas tras intentar denunciar, la mujer sigue ingresando a las unidades militares sin ninguna restricción. La pregunta es obligatoria, señor General General Royer Gómez Herrera: ¿Quién está detrás del accionar criminal de esta persona? ¿Quién autoriza su ingreso a las oficinas de los cantones militares para que capte el dinero de los uniformados? ¿Por qué la Fiscalía Colombia no avanza en este proceso? Es inaceptable que, con este prontuario, continúe operando con total impunidad dentro de la institución. Para complementar la información, estos son los puntos clave que se conocen públicamente sobre su modus operandi en redes y medios de comunicación: El gancho de la "Inversión Ganadera": Su estrategia principal consiste en convencer a los militares de invertir en supuestos negocios de compra y venta de ganado, prometiendo rentabilidades muy superiores a las del mercado financiero tradicional. Uso de uniformes y símbolos institucionales: En sus redes sociales suele entremezclar fotos de su vida privada con imágenes en instalaciones militares, lo que hace creer a las víctimas que sus negocios cuentan con el "respaldo" o la aprobación tácita de la institución. Acoso judicial como defensa: Es habitual en este tipo de perfiles el uso de la amenaza de demandas por "injuria y calumnia" o "violación al buen nombre" para amedrentar a periodistas y víctimas, buscando que borren las publicaciones antes de que los casos se vuelvan virales.
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Y usted, ¿por qué va a votar por Abelardo de la Espriella? Porque Cepeda es guerrillero. Pero de la Espriella va a reducir el presupuesto de la nación; Cepeda es guerrillero. Pero de la Espriella va a acabar con el IMPEC; Cepeda es guerrillero. De la Espriella va a privatizar la educación; Cepeda es guerrillero. De la Espriella va a acabar con la Unidad Nacional de Protección; Cepeda es guerrillero. De la Espriella va a privatizar 39 empresas de la nación, entre ellas Satena y el Banco Agrario, y va a eliminar 23 entidades; Cepeda es guerrillero. De la Espriella va a avanzar con el fracking en Colombia; Cepeda es guerrillero. De la Espriella es misógino, homofóbico, machista y clasista; Cepeda es guerrillero. De la Espriella ha tenido vínculos con paramilitares y narcotraficantes; Cepeda es guerrillero. De la Espriella quiere eliminar la justicia especial para la paz y la educación pública; Cepeda es guerrillero. De la Espriella quiere dolarizar a Colombia, un riesgo económico en el que se perdería la soberanía monetaria; Cepeda es guerrillero. De la Espriella piensa censurar los medios y destripar a sus contradictores; Cepeda es guerrillero. Iván Cepeda nunca ha hecho parte de ningún grupo armado ilegal, no tiene una sola investigación de corrupción en su contra, es defensor de derechos humanos y ha participado en varios procesos de diálogo buscando la paz para Colombia; Cepeda es guerrillero. Pero usted puede terminar muy mal, sin empleo y hasta comiendo mierda; no importa, Cepeda es guerrillero. Ante este panorama, es difícil cambiar la mentalidad de una sociedad violenta, ignorante, enferma y corroída por tanto odio.
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Este es Wilson Devia, quien hoy posa en las afueras de la Unidad Nacional de Protección, UNP. disfrazado de líder sindical para protestar. Sin embargo, en la Fiscalía Colombia avanzan o "duermen el sueño de los justos" graves procesos en su contra. Devia se opondría a la formalización e ingreso de cerca de 6.000 trabajadores a la planta de la entidad porque esto desmantelaría el presunto negocio que tendría montado con varias empresas de seguridad, la venta de cupos y la asignación irregular de esquemas de protección. Toda una estructura que movería millones de pesos. Entre las empresas con las cuales debía tendría vínculos, según la información recibida, se encontrarían Vigil, Prosegur, SOS y la más fuerte en materia de contratación: Allianza Protección, encargada de las zonas uno, dos y tres, con mayor capacidad de licitación y presencia tanto en Bogotá como en todo el departamento de Cundinamarca. El historial de denuncias en su contra es preocupante: • Violencia intrafamiliar: Investigado por presunta agresión física a su esposa. • Delito sexual: Investigación en curso por presunto acceso carnal violento contra un menor de edad. • Corrupción y mafia en la UNP: Vinculado directamente por Manuel Castañeda en la asignación e intermediación ilegal de esquemas de seguridad. • Hurto agravado: Denuncia por el presunto robo de una caja fuerte con dinero en efectivo y títulos valore pertenecientes a la empresa de su difunto suegro, sustraídos presuntamente mientras este agonizaba en el hospital. ¿Hasta cuándo la impunidad protegerá a quienes convirtieron la protección de vidas en un negocio mafioso? ¿Quién está protegiendo a estos presuntos delincuentes? Los colombianos exigen respuestas, celeridad en estas investigaciones y el desmantelamiento inmediato de las redes de corrupción en la Unidad Nacional de Protección. ¡La justicia no puede seguir archivando la verdad!
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Este personaje es Lenin Trujillo, alcalde del municipio de Yaguará, en el departamento del Huila. Se toma la molestia de ir a la casa de un ciudadano para reclamarle y desafiarlo por los comentarios que este ha hecho sobre su mala administración. Lo más sorprendente es la respuesta del mandatario local cuando se sugiere llamar a la policía: "La Policía anda conmigo". Ahora, el lema no solo es "usted no sabe quién soy yo", sino que además la fuerza pública está de mi lado.
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¿Cómo se estarían moviendo las mafias para intentar salvar al acosador sexual del general (R) del Ejército Nacional de Colombia Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, alias Ajuaaa, ante la posibilidad de terminar en la cárcel? No solo intentaron borrar todos los registros en las redes sociales con el fin de desmentir a una de las testigos, sino que incluso otro general se habría prestado para emitir una certificación falsa y darle credibilidad al argumento de que Zapateiro no estuvo en ninguna reunión el 22 de julio de 2021. Sin embargo, se les olvidó eliminar las imágenes publicadas en su momento por la Escuela Superior de Guerra, en donde claramente se ve a Zapateiro dando cátedra en el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL). General bandido: ahora tendrá que enfrentar tres procesos más por falso testimonio, falsedad ideológica y fraude procesal.
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La mafia que pretende gobernar Colombia En este video, junto a Abelardo de la Espriella (DE LA ESPRIELLA STYLE), aparecen varios generales en retiro que, durante su actividad, fueron señalados y cuestionados por presuntos actos de corrupción, nexos con organizaciones narcoparamilitares y denuncias por acoso sexual, como el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, alias Ajuaaa, y el general (r) Jorge Humberto Jerez, quien en su momento fue fotografiado en compañía del narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, "Ñeñe Hernández". A la fecha, hay investigaciones en curso e imputaciones.
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Es importante analizar el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe (Miguel Uribe). Hay muchas preguntas por responder y varias inconsistencias por investigar, observadas en el desarrollo de los hechos. Un punto clave es la participación de un menor y el perfil del atacante. Resulta particularmente preocupante la utilización de un menor de 14 años, quien se encontraba en una proximidad alarmante al candidato. Detrás de este menor, se observaba un grupo considerable de personas. La actuación del atacante, que se inmoló tras los disparos, presenta un perfil que no concuerda con el de un sicario profesional. Un sicario experimentado buscaría asegurar su escape y no actuaría de una manera que garantice su captura o abatimiento. La aparente falta de experiencia y el desconocimiento en la ejecución sugieren una dinámica diferente a la de un ataque planeado por profesionales. Fallas en la Seguridad del Candidato Los videos del incidente revelan una ausencia notoria de seguridad alrededor del candidato Uribe. En las imágenes, es evidente que no había personal de protección cercano a él en el momento del ataque. Esta deficiencia en la seguridad es un punto crítico que exige una investigación exhaustiva para determinar por qué no se garantizó la protección adecuada al candidato presidencial. Tipo de Arma y la Gravedad del Ataque Se ha mencionado que el arma utilizada en el atentado podría ser una pistola Glock de calibre 9 mm, cuyo precio oscila entre 12 y 15 millones de pesos colombianos. A una distancia aproximada de dos metros, tal como se aprecia en el video donde el sicario acciona el arma, un disparo directo a la cabeza con este tipo de proyectil (con una velocidad de 375 m/s) sería mortal y causaría un daño craneal devastador. Esto contrasta significativamente con el efecto de un arma traumática, cuyo diseño y proyectiles de goma no generan el mismo nivel de daño. El examen de balística será crucial para determinar con precisión el tipo de arma utilizada. La distinción entre un arma de fuego real y una traumática es fundamental, ya que la intención de causar daño y la gravedad del ataque varían drásticamente entre ambos casos. ¿Cuál fue el rol exacto del menor de 14 años en el atentado? ¿Quienes más lo acompañaban en el lugar de los hechos? ¿Quién o quiénes están detrás de la planificación de este ataque y cuál fue su motivación? ¿Por qué la seguridad del candidato Miguel Uribe fue tan deficiente en el momento del incidente? ¿Qué revelará el examen de balística sobre el tipo de arma utilizada y cómo afectará esto la narrativa del ataque? Los mejores deseos para Miguel Uribe, pronta recuperación y para su familia mucha fuerza y fe, en estos momentos tan difíciles.
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Ayer por la noche recibí un mensaje en el que una persona, solicitando total reserva por su seguridad, me informó que debía cuidarme, ya que desde un grupo de “abelardistas” se estaría adelantando en mi contra una denuncia colectiva mediante una corporación de abogados denominada Corporación Colectivo de Abogados “General de Paula Santander” (COFPS). Según lo manifestado en dicha denuncia, se solicita que se me investigue por delitos como: 1. Concierto para delinquir. 2. Terrorismo y financiación de actividades terroristas. 3. Delitos contra la administración pública y otros delitos contra la seguridad pública, incluyendo amenazas colectivas y sabotaje. Además, señalan que para obtener mi ubicación se requerirían mis datos a la Dirección de Recursos Humanos del Ejército Nacional de Colombia, como si yo me estuviera “escondiedo”. A continuación, hago pública la denuncia en mi contra y un video con la voz de la persona que estaría detrás.
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Ataúdes en el aire: el costo de la "chatarra" militar en Colombia que terminó con la vida de 66 soldados del Ejército Nacional de Colombia. Entre los años 2020 y 2021, bajo el marco de la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, el gobierno de Iván Duque recibió la donación de tres aviones Lockheed C-130 Hércules. Esta entrega, gestionada a través de los programas EDA (Excess Defense Articles) y RAMP (Regional Aircraft Modernization Program), se realizó en dos fases principales: • Primera Aeronave: Recibida el 6 de octubre de 2020. • Segunda y Tercera Aeronave: Entregadas oficialmente el 21 de septiembre de 2021, en una ceremonia protocolaria en la base de CATAM, Bogotá. A pesar del triunfalismo oficial, la realidad técnica era preocupante. Estas aeronaves contaban con un recorrido extensivo y miles de horas de vuelo acumuladas. Eran, en esencia, aviones al final de su vida útil que terminan convirtiéndose en un negocio lucrativo para intermediarios que adquieren piezas de bajo costo para remendar motores fatigados. Es importante señalar que, aunque se presentan como "donaciones", el país receptor en este caso Colombia asume costos millonarios por transporte y "puesta a punto". Mientras el entonces presidente Duque se jactaba en ceremonias oficiales asegurando que estas piezas de chatarra aérea serían la clave para derrotar al terrorismo, la realidad golpeó en tierra: hoy, una de estas aeronaves terminó accidentada en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejando un saldo considerable de soldados muertos y heridos, lo que pone de manifiesto el riesgo de aceptar este tipo de donaciones en condiciones cuestionables, que acaban convirtiéndose en un ataúd suspendido en el aire.
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"Este audio, difundido en un grupo de WhatsApp por un sargento activo del Ejército Nacional de Colombia de nombre Jason Maldonado, es extremadamente delicado. Señor General Luis Emilio Cardozo Santamaría General Royer Gómez Herrera, contiene insultos totalmente desmedidos en contra del presidente Gustavo Petro y de aquellos que comparten su ideología política. Un uniformado que actúe de esta manera no solo debería ser investigado, sino también desvinculado de la institución."
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