Oficina de Respuesta Oficial
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Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina.
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FALSO. SE LLAMAN ISLAS MALVINAS. La diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, se refirió a las Islas Malvinas como "las Falklands" en su intervención en la comisión del Congreso que trata el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esto es FALSO. Las Islas Malvinas se llaman Malvinas. En todos los idiomas.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, refuta al diputado Cafiero, de Unión por la Patria, y aclara que el régimen de desistimiento no beneficia bajo ningún concepto a las licenciatarias ilegítimas. Responde al mandato constitucional de hacer todo lo posible para recuperar las Islas Malvinas: “Nosotros entendemos que el régimen de desistimiento no es, bajo ningún concepto, un régimen que está queriendo beneficiar a las ilegítimas licenciatarias o a empresas que han tenido alguna intervención en las Islas Malvinas, muy por el contrario. Nosotros tenemos un único objetivo, que responde al mandato constitucional de la cláusula transitoria de la Constitución Nacional, que nos obliga a nosotros a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar las Islas Malvinas. Y para eso entendemos que es muy necesario poner los incentivos en los lugares correctos”.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, refuta a la diputada Propato, de Unión por la Patria, que entre chistes con su apellido acusó al Gobierno de suprimir la expresión “basada en el derecho”. Aclara que el proyecto no modifica la Ley de Seguridad Interior y que esa definición sigue plenamente vigente: “Es muy importante aclarar que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional no modifica ni reemplaza ningún artículo de la Ley de Seguridad Interior, sino que todas sus disposiciones se mantienen plenamente vigentes, incluyendo este artículo y su mención basada en el derecho”.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, responde refutando al diputado Molle, de Unión por la Patria, que no supo entender que su presencia y apertura al diálogo en el Congreso responde a una búsqueda de consensos sobre una causa donde las cuestiones partidarias deberían quedar a un lado: “Aprovecho también para hacer respuesta a alguien ahí que dijo que mi predisposición al diálogo daba la impresión de que el proyecto no estaba estudiado. Quiero desmentir con contundencia este comentario y, de hecho, absolutamente lo contrario. Es un proyecto que está muy, muy estudiado, con el que nos sentimos muy cómodos, pero creemos en los consensos y creemos en la predisposición al diálogo y, por supuesto, que si hay algún texto que se puede mejorar, estamos muy ávidos de encontrarlo”.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, contesta con datos el destrato del diputado Martínez, de Unión por la Patria, y expone las fallas de la Ley 26.659: “La Ley 26.659 tiene varias fallas. Específicamente, por ejemplo, el tema del alcance, cuál es el ámbito subjetivo, el tema de la responsabilidad sucesiva de las personas jurídicas, que es algo que no estaba contemplado. La ley vigente también tiene fallas en identificar no solamente a las estructuras societarias como posibles incumplidores. Tiene un problema serio de aplicación en cuanto a qué se entiende y qué debe el Poder Ejecutivo entender por inhabilitación, cómo es el día siguiente. Muchas de las cosas que hemos intentado incorporar en este proyecto son para asegurar la seguridad jurídica necesaria para poder aplicar la ley, y también para no dejar este nivel de inseguridad en manos del Poder Ejecutivo. Creo que es muy importante que sea el Congreso el que, a través de una ley, determine cuáles son los pasos a seguir luego de una inhabilitación, cuál es el alcance, y que no sea una interpretación única que tenga que hacer el Poder Ejecutivo”.
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El Ministro totocaputo responde a las dudas sobre los swaps: “Si vos tenés un país que te ayudó en una elección de medio término, ¿vos realmente pensás que en una elección presidencial, después de todo lo que le dio Milei a Estados Unidos con respecto a esta región, que la tiñó de azul, y desde una posición de mucha mayor fortaleza nuestra, porque ahora tenemos mucha mayor representación en el Congreso, tenemos muchas más reservas porque compramos más de quince mil millones de dólares, seguimos teniendo los swaps, de repente Estados Unidos va a decir 'no, ahora te voy a soltar la mano'? Y con el swap con China pasa lo mismo. Obviamente el swap con China está, como dije, hay una parte que es de libre disponibilidad, así que podríamos hacer lo que quisiéramos. Entiendo que a alguno le parezca raro, pero estas son las cosas que pasan cuando vos hacés las cosas bien y ganás este nivel de confianza”.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, explica que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional precisa los efectos de la inhabilitación por operar ilegalmente en Malvinas y fija un cese ordenado: “El proyecto también, en este primer capítulo, lo que hace es que impone o establece un menú más grande de sanciones. La ley vigente únicamente prevé la sanción de inhabilitación de 5 a 20 años. El otro punto que se hace es que se establece con mayor precisión cuáles son los efectos de la inhabilitación. La ley actual es demasiado vaga y deja mucho vacío, que genera mucha inseguridad jurídica respecto de qué pasa al día siguiente, qué pasa con los terceros de buena fe que tengan contratos…”.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, responde al diputado Ferraro, de la Coalición Cívica, que las conductas sancionadas siguen sancionadas y que con el nuevo proyecto las penas se agravan, porque la inhabilitación podrá sumarse a otras sanciones: “Quiero ser clara: las conductas sancionadas se mantienen sancionadas y de hecho se agravan. Nosotros, cuando el proyecto establece el menú de opciones de sanciones, establece la sanción de inhabilitación, también establece otras sanciones y expresamente el proyecto establece que pueden ser conjuntas. Es decir, que la inhabilitación de algunas de las empresas anteriores, hoy podríamos estar poniendo inhabilitación más alguna otra sanción”.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, advierte que castigar a las empresas que explotan nuestros recursos no alcanza si el Estado no cuenta con herramientas para defender la soberanía frente al resto de los países: “Nosotros podemos establecer un régimen sancionatorio fuerte que opere contra las empresas que exploran o explotan nuestros recursos naturales, pero si no establecemos las competencias y herramientas necesarias para que podamos defendernos con contundencia frente al resto de los países del mundo, es difícil que nos tomen en serio. El mundo cambió. Según explican quienes entienden más de esto, desde la caída del muro hasta la pandemia predominó el concepto de globalización por sobre el de geopolítica. Con la pandemia todo se aceleró. El mundo hoy es un mundo más peligroso. Ejemplos como Ucrania, Rusia, Irán, el Estrecho de Ormuz. Gracias a las acciones que ha tomado el Presidente, la posición argentina en el tablero mundial cambió y el entramado jurídico debe estar a la altura. Nosotros tenemos legislación que en esta materia ha quedado obsoleta y creemos que necesitamos nuevamente establecer o actualizar o modernizar nuestra legislación”.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, detalla que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional prohíbe cualquier aprovechamiento de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina: “El proyecto lo primero que hace es ampliar el alcance. No solo abarca las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, sino que también abarca cualquier actividad de aprovechamiento de los recursos naturales que se realiza en las Islas Malvinas y en sus espacios marítimos e insulares. El proyecto establece como actividades prohibidas, o se define como actividades prohibidas, el desarrollo de cualquier actividad destinada al aprovechamiento de los recursos naturales sin la autorización de las autoridades argentinas. También establece como prohibición ser proveedor de las personas que realicen las actividades mencionadas en el inciso A, que acabo de mencionar, cuando ello resulte esencial e indispensable para la viabilidad o ejecución del proyecto. Y también sanciona a quienes son socios accionistas controlantes de estas ilegítimas licenciatarias”.
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El Presidente Javier Milei denuncia que los gerentes de la pobreza se quedaban con la mitad del dinero destinado a los vulnerables: “Los sensibles peronistas, tan sensibleros y tan comprometidos con los vulnerables, sucede que tenían unos señores que se llamaban los gerentes de la pobreza, y que del dinero que recibían, que estaba destinado a los vulnerables, se quedaban con la mitad. Cuando nosotros eliminamos las prestaciones obligatorias, dejaron de tener que pasar por el peaje. Automáticamente, las personas vulnerables duplicaron la cantidad de recursos que recibían, porque no tuvieron que pagar más a los gerentes de la pobreza”.
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INCORRECTO. En una entrevista que circula, la periodista María O’Donnell intenta instalar la idea de que bajar la edad de imputabilidad a 13 años en la Argentina sería una medida extrema, ubicándola entre “las más bajas del mundo”. Esto es FALSO. Uruguay, por ejemplo, cuenta desde 2004 con un sistema que permite juzgar y condenar a menores de entre 13 y 17 años. Fuera de Sudamérica, muchos otros países tienen la edad mínima de imputabilidad fijada por debajo de los 16 años: Inglaterra y Gales (10 años), Canadá, Irlanda, los Países Bajos, Grecia y Escocia (12 años), y Francia, Polonia y Rumania (13 años). La Argentina, con una edad mínima de imputabilidad de 16 años, se encuentra entre las más altas del mundo occidental. Presentar datos incorrectos o incompletos no es un error menor: distorsiona el debate público y confunde deliberadamente a la audiencia. La Oficina de Respuesta Oficial existe precisamente para esto: exponer las mentiras, señalar los hechos y terminar con operaciones disfrazadas de análisis.
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El Ministro totocaputo, en el CFO Summit organizado por El Cronista, reafirma que el mayor orgullo del Gobierno es haber resuelto la peor herencia económica de la historia sin defaults, corralitos ni expropiaciones: “Venimos de muchas décadas de romper contratos, de muchas décadas de no respetar la santidad de los contratos, de atropellar la propiedad privada. Ya sea con defaults, ya sea con pesificaciones asimétricas, corralitos, expropiaciones, plan Bonex, lo que sea. Y eso, los más jóvenes por ahí lo vivieron menos; los que somos más viejitos tuvimos muchas de estas cosas. Y lo pongo como referencia porque, más allá de lo que hicimos, una de las cosas de las que nosotros nos sentimos más orgullosos es de que no solo pudimos resolver la peor herencia económica de la historia argentina —yo diría por lejos—, sino que además pudimos hacerlo sin recurrir a estas artimañas a las que Argentina recurrió toda la vida y que tanto daño nos hicieron como país”.
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La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, responde al diputado Rossi, de Unión por la Patria, que el sistema de seguridad nacional no apunta solo a Gran Bretaña sino también a otros países y actores, incluso no estatales, vinculados a la posición geopolítica argentina: “la definición de establecer un sistema de seguridad nacional no es solamente tomar acciones o vinculado a Gran Bretaña, sino a otros países o a otros actores, incluso que no sean no estatales, vinculados a nuestro posicionamiento geográfico y sobre todo a la geopolítico y a las amenazas externas”.
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El Canciller Pablo Quirno separa el plano ideológico del institucional y expone los antecedentes que la Argentina eligió no escalar: “Lo que hay que entender también es que acá ha habido expresiones de ambos lados durante los últimos casi tres años. Y nosotros, como digo, no hemos llevado al nivel diplomático esas diferencias. Las entendemos como diferencias naturales, producto del fragor electoral, producto de que el Presidente es un defensor global de las ideas de la libertad, que es una persona que justamente no se oculta en un discurso políticamente correcto, sino que no tira la piedra y esconde la mano”.
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El Ministro totocaputo denuncia que el modelo anterior era financiero y no industrial, donde el único importante era el gerente financiero y los bancos ganaban récord con las Leliqs: “¿Cuál era la única persona importante por los últimos veinte años en una empresa? Te pregunto. ¿Cuál era? El gerente financiero. Entonces, eso te da la pauta que por el contrario de lo que se dice, el modelo financiero, no industrial, era el anterior. Antes no importaba la industria ni la empresa. El gerente de producto no era importante, la única persona importante era el gerente financiero. ¿Con qué se ganó? ¿Cuál fue el sector que ganó más plata en el 2023, récord? Los bancos con las Leliqs”.
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FALSO. Es falso que el Gobierno Nacional no haya bajado impuestos. La locutora Edith Hermida miente. Afirmar que el Gobierno “no sacó impuestos” es incorrecto y constituye una falsedad. Desde diciembre de 2023 se eliminaron y redujeron impuestos, aranceles y cargas como nunca antes en la historia, con el objetivo de bajar precios y generar competencia real. - Se eliminó el Impuesto PAÍS. - Se suspendieron las percepciones de IVA y Ganancias a la importación de bienes básicos y medicamentos. - Se redujeron aranceles a ropa, calzado, telas, electrodomésticos, neumáticos, motos, insumos industriales, fertilizantes, herbicidas y productos electrónicos. - Se eliminaron impuestos internos a autos y motos. - Se llevaron al 0% los aranceles para autos híbridos y eléctricos. - Se eliminaron aranceles a celulares y se redujeron los impuestos internos a productos electrónicos. - Se redujeron y eliminaron retenciones a economías regionales y a distintas cadenas productivas. - Se está reduciendo de manera sostenida el impuesto inflacionario, el impuesto no legislado más cruel, que afecta principalmente a los sectores más pobres al pulverizar sus salarios. Lo que Hermida tampoco menciona es que el impuesto más nocivo para la competitividad, Ingresos Brutos, es un impuesto provincial, y que son los gobernadores quienes se niegan a eliminarlo. Decir lo contrario, ignorando datos públicos y verificables, y culpar al Gobierno Nacional, es faltar a la verdad y operar.
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El Presidente Javier Milei convoca a los inversores a apostar por la Argentina ahora, porque la mayor ganancia se la lleva quien llega antes de que el mercado reconozca el cambio: “Nosotros proponemos ser investment grade. El kirchnerismo propone default. De un lado, el país más promercado y con más crecimiento de Occidente. Del otro, la receta que nos trajo hasta acá e hizo que Argentina pase de ser uno de los países más prósperos del mundo a ser uno de los países más cerrados y empobrecidos del mundo. Cualquier inversor sabe que la mayor ganancia se la lleva el que llega antes de que el mercado reconozca el cambio. Los que apostaron por la Argentina con el riesgo país en 3.000 puntos ya lo saben. El que llega después del investment grade, pagará caro y tendrá retornos menores. Si 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia, el momento de apostar por la Argentina es ahora. Por eso los invito a formar parte de la grandeza que nos espera a todos”.
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El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez, denuncia que la ley de financiamiento universitario se votó violando la Ley de Administración Financiera, quedó suspendida y hoy rige una cautelar que el Gobierno cumple al pie de la letra. La irresponsabilidad está del otro lado, en universidades que no rinden lo que gastaron: “El 100% de la partida 2026 está asignada a las universidades. Se le ha solicitado a las universidades que envíen cuáles son los gastos sobre esa partida. No se le ha transferido, por ejemplo, a la Universidad de Córdoba porque todavía debe el 50% de la rendición de gastos del año pasado. Entonces también acá hay una irresponsabilidad de parte de las autoridades que no rinden: nos ponen a nosotros en la obligación de tener que transferir fondos que no tienen justificado su uso”.
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EL FIN DEL MONOPOLIO DE LA PALABRA. Respuesta a las inquietudes del periodista Luis Novaresio acerca de esta Oficina: - Desde lo económico: no existe un incremento del gasto público para financiar la existencia de esta cuenta. No se creó ninguna estructura, no se incorporaron cargos adicionales, no se aumentó ningún sueldo ni se creó ningún impuesto nuevo como consecuencia. Esta cuenta no le costó ni un solo peso más a los argentinos. Se trata únicamente de una cuenta oficial en redes sociales dentro de la órbita de la Secretaría de Comunicación. - Desde lo ideológico: no se baja línea. Se desmienten falsedades concretas con datos verificables. Eso no es pensamiento único: es brindar más información a los argentinos, no menos. - Desde lo mediático: nadie va a impedir que se hable de ningún tema. Una cuenta en redes sociales es, por definición, incapaz de censurar a nadie. Lo que claramente incomoda es que ya no se pueda mentir sin recibir una respuesta. Comparar esta Oficina con la Secretaría del “Pensamiento Nacional” de Ricardo Forster es desacertado y poco serio. Aquella dependencia, durante el kirchnerismo, buscaba imponer una visión oficial desde el Estado, a través de medios públicos e incluso mediante la publicación de libros oficiales. Esto, en cambio, es solo una cuenta en redes sociales que existe para exponer operaciones y separar hechos de relatos de manera directa ante la ciudadanía. No es censura ni propaganda. Es el fin del monopolio de la palabra.
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