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#Voces | El Ministro del Interior Rodrigo Lara afirmó en una entrevista para evaluar la situación en el Chocó que le dolía más la infraestructura que los fallecidos durante la emergencia nacional.

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#Voces | Inna Afinogenova, directora de Canal Red Latinoamerica. Visita

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#Voces | Jhonatan Enrique Meneses, promotor de la tutela que consiguió la suspensión provisional del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo, denunció públicamente que él y miembros de su organización han recibido graves amenazas luego de la decisión judicial. Según relató, a través de mensajes los han señalado de ser “terroristas” y “narcotraficantes” y les han advertido que los van a buscar y "destripar". La denuncia se conoció después de que el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenara suspender temporalmente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato en el departamento, mientras se recopila información técnica y se resuelve de fondo la acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. Ante esta situación, Meneses pidió públicamente protección a la Unidad Nacional de Protección, al gobernador del Putumayo y al alcalde de Puerto Asís. También solicitó al presidente Abelardo de la Espriella reunirse con las comunidades del departamento para discutir alternativas a la erradicación aérea y planteó la necesidad de capital semilla, proyectos productivos y créditos para los campesinos. El joven aseguró además que su organización no está en contra del Gobierno ni de sus políticas y que respeta la investidura presidencial. Su petición, según explicó, es que se escuchen las comunidades y se avance en procesos de erradicación manual que, en su opinión, permitan combatir los cultivos ilícitos sin poner en riesgo la Amazonía. La situación pone bajo presión al Estado para esclarecer el origen de las amenazas y garantizar la seguridad de quienes participaron en la acción judicial. Mientras tanto, la aspersión con glufosinato permanece suspendida de manera provisional en Putumayo, por lo que el Gobierno deberá entregar la información requerida por el juzgado antes de que se tome una decisión de fondo.

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