#ministradelpueblo

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🔴💥BOOOOM💥🔴 Durante la reciente sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres, conocida con orgullo como la #MinistraDelPueblo, volvió a colocar sobre la mesa un debate crucial: Los límites constitucionales del poder judicial y la necesidad de respetar el principio de división de poderes. En medio de la discusión de una controversia constitucional, Lenia subrayó un punto que muchos juristas y ciudadanos críticos han señalado desde hace años, la Corte no tiene facultades para revisar de manera oficiosa la constitucionalidad de las normas, sino únicamente cuando existe una demanda formal que lo solicite. Esta afirmación, más que una postura técnica, es una defensa del Estado de derecho democrático frente a las prácticas discrecionales que históricamente han caracterizado a una parte del poder judicial. Al recordar que la Suprema Corte debe actuar dentro de los límites que la Constitución establece, Lenia evidencia que el activismo judicial, cuando se ejerce sin control, puede convertirse en una forma de poder por encima del pueblo y de los órganos democráticamente electos. La ministra advirtió que revisar leyes “de oficio” sería un exceso, pues abriría la puerta a que el máximo tribunal se arrogue atribuciones que no le corresponden, decidiendo a juicio propio qué normas deben seguir vigentes y cuáles no, sin que medie controversia, demanda o interés legítimo alguno. Dicho de otra forma, la Corte no puede ni debe sustituir la voluntad popular expresada a través del Congreso de la Unión. Este planteamiento trasciende lo jurídico: es una reflexión política sobre el rumbo de la transformación del país. La postura de Lenia reafirma la necesidad de democratizar la justicia, de hacer que el derecho vuelva a ser un instrumento al servicio del pueblo y no una herramienta de las élites para frenar los cambios sociales. Su intervención representa una defensa del principio republicano de equilibrio entre poderes, frente a una tendencia conservadora que pretende colocar al Poder Judicial como árbitro supremo por encima de la soberanía popular. En un contexto donde las resistencias se manifiestan también desde los tribunales, la voz de la ministra Lenia se erige como un recordatorio de que la legitimidad del poder judicial no proviene del aislamiento elitista, sino del respeto a la Constitución y al mandato popular. Su postura no busca debilitar a la Corte, sino devolverle su función original que es garantizar el orden constitucional, no sustituir la voluntad democrática.

Héctor Zariñana📱

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