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Se le perdió el sentido común a la presidenta del Poder Judicial Perú, Janet Tello. No hace mucho, se mostró tajante al oponerse a la ley de amnistía para militares y policías que enfrentaron al terrorismo, afirmando que no se les debería otorgar beneficios penitenciarios porque “va contra la...

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Una ciudadana dominicana residente en Italia, junto al jurista Humberto Rodríguez, han lanzado un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a la magistrada Yeni Berenice Reynoso. La denuncia se centra en el caso de Carlos Martínez, un joven periodista independiente y estudiante de medicina que supuestamente fue víctima de un grave error judicial. Según los denunciantes, Martínez fue condenado utilizando la identidad de una persona que falleció hace 11 años. Se alega que esta confusión de identidad ha destruido la vida del joven, quien permanece privado de su libertad injustamente. La residente en Italia expresó su profunda preocupación por la magnitud de este supuesto fallo en el sistema de justicia dominicano. En su mensaje, califica de inaceptable que se cometan errores de esta naturaleza y que no se tomen medidas inmediatas para rectificar la situación del joven Carlos. Se presume que la falta de validación de los datos biométricos y civiles permitió que se procesara a una persona viva con los datos de un difunto. La mujer pide una intervención directa del Poder Ejecutivo para garantizar que se respeten los derechos humanos y se esclarezca la verdad en este insólito proceso legal. Por su parte, el abogado penalista y defensor de los derechos humanos, Humberto Rodríguez, calificó el hecho como una vulneración flagrante a la dignidad de su defendido. Rodríguez exige a las autoridades competentes que se tomen medidas urgentes para anular la condena y garantizar la libertad inmediata de Martínez. Se alega que el sistema judicial ha fallado en su responsabilidad de verificar la identidad real del procesado antes de emitir una sentencia definitiva. El jurista hizo un llamado a los medios de comunicación para que den voz a esta causa y exijan transparencia total sobre este supuesto descuido.

Somos Pueblo Media

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Estas organizaciones de “defensa de los derechos humanos”, a las que muchos medios nacionales e internacionales (The Guardian, France 24, El País, los medios de Open Society, entre otros) les están dando amplia cobertura, y que están siendo retomados por miles de periodistas, activistas y políticos locales y extranjeros, están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción. Ya ni siquiera lo disimulan. Literalmente afirman que “más de 89,000 personas fueron capturadas arbitrariamente”, que sus derechos humanos están siendo violados y que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Bajo esa lógica, la liberación del 100% de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado. Incluso, en su exposición, uno de los “expertos” deja claro que su denuncia no se refiere únicamente a supuestos opositores políticos o a personas inocentes, sino que también incluye a “miembros de pandillas o personas percibidas como tales”, sosteniendo que, en todos los casos (los 89,000), se trata de capturas arbitrarias, constitutivas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Me alegra que se hayan quitado la máscara, porque antes siempre intentaban matizar sus denuncias. Ahora lo han dicho con claridad: Quieren la liberación del 100% de los pandilleros y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes del Régimen de Excepción; es decir, al país más peligroso del mundo. Observen quiénes retoman este supuesto estudio y quiénes lo validan como verdadero. Ellos quieren que los criminales sigan asesinando inocentes; para eso trabajan, para eso les pagan. Su labor es engañar a la población para debilitar el apoyo a medidas que pueden traer seguridad a sus familias. Su verdadero objetivo es perpetuar el sufrimiento de la gente honrada. Las organizaciones de derechos humanos se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes. Si realmente velaran por los derechos humanos, su prioridad serían las víctimas, no los victimarios.

Nayib Bukele

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🚨Atención | Monitoreo de garantías judiciales advierte la importancia de la presunción de inocencia y alerta sobre su falta de aplicación en el juicio que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez. Las intervenciones en el desarrollo de un proceso judicial se deben realizar bajo el marco de la garantía de presunción de inocencia, situación que no se identifica cuando el señor Luis Eduardo Montealegre afirma de plano, ser víctima de unos delitos sobre los cuales no hay decisión judicial ni condena en firme. De igual manera, la Juez Sandra Heredia no puede asegurar manifestaciones que el testigo NO hizo, por lo que no puede defender al mismo bajo fundamentos que no son reales, pues en ningún momento el señor Montealegre adujo que era presunta víctima. ‼️Se recuerda que la presunción de inocencia es una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso reconocida en el artículo 29 de la Constitución, al tenor del cual “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. 📃📜Los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia –que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución Política - contienen dicha garantía en términos similares. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8 que “toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. A su turno, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” Álvaro Uribe Vélez Centro Democrático

Monitoreo Garantías Judiciales

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