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29,440 views • 3 years ago •via X (Twitter)

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Alejandro3 years ago

¿Estás bien Arturo? ¿te llamo? ¿hablamos un rato?

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#Colombia #EstadosUnidos Algo no cuadra. En una alocución oficial, el presidente Gustavo Petro afirmó que recibió información según la cual un general de la Policía habría intentado hacerle un entrampamiento colocando droga en una de las camionetas que lo transportarían durante su visita a EE. UU., en el marco del encuentro con Donald Trump. Después se conoció que esa información provenía de un anónimo que llegó al DNI. Pero en territorio estadounidense los vehículos y el esquema de protección no son colombianos. Están bajo control del United States Secret Service. No pertenecen a Colombia, no los operan colombianos y ningún funcionario colombiano tiene acceso a ellos. Dimensión internacional del señalamiento: Afirmar un intento de entrampamiento en vehículos custodiados por el Servicio Secreto implica, indirectamente, poner en duda la seguridad del gobierno estadounidense y la integridad de los agentes encargados de proteger al presidente visitante. También cuestiona la transparencia del encuentro bilateral. No es un señalamiento menor. No es una acusación doméstica. Es una afirmación con implicaciones internacionales. Porque para que algo así ocurriera tendría que existir: • Una complicidad directa dentro del aparato de seguridad estadounidense, o • Una falla gravísima en uno de los esquemas de protección más rigurosos del mundo. En otras palabras, la hipótesis no solo involucra a un general colombiano. Implicaría que también habría un entrampamiento dentro del propio sistema de seguridad de Estados Unidos. Y eso es extraordinariamente delicado. Si existen pruebas, deben presentarse. Si no, el país y Estados Unidos merece explicaciones.

Steph Bates Prensa

124,167 views • 4 months ago

Señor General Royer Gómez Herrera, esta es una denuncia de extrema gravedad. Un informe de 11 paginas junto con un video enviado por parte de un personal uniformado de la Brigada 17 del Ejército Nacional de Colombia, con sede en Carepa, Antioquía, detalla cómo se han encubierto hechos ocurridos entre mediados de 2024 y julio de 2025, protegiendo a los responsables y atacando a los denunciantes. Esto ha llevado a la destitución de un sargento y al traslado forzoso de varios soldados que se atrevieron a contar la verdad sobre lo sucedido. El informe también expone una presunta estructura de corrupción y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos dentro del GAULA Militar (Brigada 17) en Carepa, Antioquía. 1. Violaciones a los Derechos Humanos y Tortura • Hechos: El 16 de julio de 2024, se registró en video una golpiza indiscriminada contra detenidos en un centro de reclusión improvisado en la Brigada 17. • Acciones: Se utilizaron bolsas para asfixia mecánica (tortura), golpes con bastones, personas con fracturas de costillas. • Responsable Directo: Mayor Diego Fernando Vera Delgado (Quien sale en el video vistiendo de civil). Fue trasladado con tan solo un año de la unidad con destino la Brigada Liviana de Caballería (BLICA), al parecer para protegerlo por las denuncias en su contra. • Encubrimiento: Los Coroneles Ronald Chaves Martínez y Giovanni Montañez Acosta, junto a oficiales del BASMI4, serian señalados por su omisión en las denuncias y por proteger a los implicados. 2. Corrupción Administrativa y Peculado • Alimentación: Se habría desviado el suministro de víveres (25 días entregados en vez de 30) para cubrir gastos de internet, reparaciones y combustible de vehículos oficiales. • Viáticos Fraudulentos: Se habrían cobrado misiones no realizadas en Montería y Medellín, donde los implicados retornan de inmediato y devuelven parte del dinero al encargado de los informes. • Venta de Permisos: Se habrían realizado cobros irregulares a través de Nequi (número 3216470730) a nombre del SLP Osneider Mercado Rodríguez para otorgar días libres. 3. Irregularidades Operativas • Vehículos "Gemeleados": Se habrían utilizado camionetas (ej. Renault Duster) con placas falsas y radiogramas falsificados para operar en Urabá, con personal encapuchado, siguiendo métodos semejantes a grupos paramilitares. 4. Represalias y Persecución al Denunciante Tras presentar PQR y denuncias ante la Fiscalía (agosto de 2025), la institución habría iniciado una "cacería de brujas": • Uso de Poligrafía: Se habría empleado como herramienta de intimidación contra el Sargento Primero Diego Bernal y los soldados Padilla y Rivero. • Traslados Punitivos: Los soldados Padilla y Rivero fueron trasladados y enviados a zonas de alto riesgo (Santa Rosa del Sur y Tame) a pesar de tener incapacidades médicas. • Retiro Arbitrario: El Sargento Primero Diego Bernal fue llamado a calificar servicios en septiembre de 2025 sin justificación, solo nueve días después de la denuncia penal. Solicitudes Urgentes Investigación Externa: Se requiere la intervención tanto de Secretaría de Transparencia Mindefensa Fiscalía Colombia como de la Procuraduría General de la Nación, dado que los controles internos (Inspección BR17 y CACIM) fueron acusados en su momento de encubrimiento. Hechos como estos no deben quedar impunes; aquellos responsables deben rendir cuentas ante la justicia. La violación de la dignidad humana y los abusos de poder son contrarios a las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Adjunto el video y el informe correspondiente a la denuncia, así como imágenes, chats y documentos de soporte.

🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴

15,698 views • 4 months ago