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ONG que tiene como principal fin velar por el respeto de los #DDHH de las personas privadas de libertad en #Venezuela Ig: @oveprisiones

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🚨#DenunciaOVP Rosqui Norberto Escalona, de 71 años de edad, privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria, Uribana #Lara, murió bajo condiciones de absoluta crueldad. ​ Desde el viernes #17Abr el septuagenario presentaba graves padecimientos de salud, que obligaron su traslado al Hospital Central Antonio María Pineda de #Barquisimeto. Sin embargo, fue devuelto al penal ese mismo fin de semana sin haber alcanzado una estabilización real. ​ Este martes #21Abr su estado empeoró. Fue trasladado nuevamente de emergencia, pero testigos denuncian que los funcionarios que lo custodiaban pidieron al personal médico para que le dieran el alta inmediata, ignorando su evidente fragilidad y la urgencia de su cuadro clínico. ​ Rosqui murió en el trayecto de regreso a la cárcel. La desatención médica del gobierno de Delcy Rodríguez se cobró una vida más. ​ Incluso tras su muerte, la dignidad humana de Rosqui fue pisoteada. Los funcionarios ingresaron el cadáver al hospital, lo dejaron abandonado en el piso del centro asistencial y se retiraron tras entregar los datos. Una falta total de protocolo y respeto a los DD. HH. ​ Recordamos la cárcel de Uribana posee medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El régimen venezolano ignora sus compromisos internacionales y permite que las cárceles sean espacios de muerte. Desde Observatorio Venezolano de Prisiones exigimos una investigación exhaustiva sobre esta nueva muerte bajo custodia del Estado, que suma tres privados de libertad fallecidos en un lapso de 48 horas.

🚨#DenunciaOVP Rosqui Norberto Escalona, de 71 años de edad, privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria, Uribana #Lara, murió bajo condiciones de absoluta crueldad. ​ Desde el viernes #17Abr el septuagenario presentaba graves padecimientos de salud, que obligaron su traslado al Hospital Central Antonio María Pineda de #Barquisimeto. Sin embargo, fue devuelto al penal ese mismo fin de semana sin haber alcanzado una estabilización real. ​ Este martes #21Abr su estado empeoró. Fue trasladado nuevamente de emergencia, pero testigos denuncian que los funcionarios que lo custodiaban pidieron al personal médico para que le dieran el alta inmediata, ignorando su evidente fragilidad y la urgencia de su cuadro clínico. ​ Rosqui murió en el trayecto de regreso a la cárcel. La desatención médica del gobierno de Delcy Rodríguez se cobró una vida más. ​ Incluso tras su muerte, la dignidad humana de Rosqui fue pisoteada. Los funcionarios ingresaron el cadáver al hospital, lo dejaron abandonado en el piso del centro asistencial y se retiraron tras entregar los datos. Una falta total de protocolo y respeto a los DD. HH. ​ Recordamos la cárcel de Uribana posee medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El régimen venezolano ignora sus compromisos internacionales y permite que las cárceles sean espacios de muerte. Desde Observatorio Venezolano de Prisiones exigimos una investigación exhaustiva sobre esta nueva muerte bajo custodia del Estado, que suma tres privados de libertad fallecidos en un lapso de 48 horas.

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Desde las 5:00 a. m. de este #21May, un grupo de familiares permanecen a las afueras del Internado Judicial de Barinas (Injuba) bajo la lluvia, sin recibir información sobre la visita programada para hoy. La angustia crece ante la falta de respuesta oficial, pues los familiares informan que en un día normal la visita comienza a las 8:00 a. m. y hasta el momento no les dan acceso. Los familiares aseguran que observan movimientos inusuales de funcionarios dentro del recinto, lo que aumenta el temor, ya que el viernes pasado los presos fueron sometidos a una requisa que describieron como violenta y que culminó con el traslado de más de 40 internos hacia el Centro Penitenciario de Yare III y, a su vez, con el aislamiento de un grupo de 80 privados de libertad en el área conocida como “el tigrito” en el Injuba, quienes tienen suspendidas la visita y el pase de paquetería. Sobre los privados de libertad que fueron trasladados hasta Yare III, solo algunos se han comunicado con sus seres queridos, otros aún esperan por información. Hasta ahora, no hay listados oficiales ni explicaciones claras. Desde Observatorio Venezolano de Prisiones exigimos a la defensora del pueblo Eglée González Lobato | para que instale a la Defensor del Pueblo a que haga acto de presencia en Injuba y se reúna con los familiares y autoridades del penal. Asimismo, para que solicite que se respete el derecho a la visita y brinden información veraz sobre la integridad física de la población reclusa. Y también hacemos un llamado al Ministerio Público para que realice una investigación exhautiva e imparcial por lo que vienen denunciando los familiares sobre el aislamiento de los internos. Mientras que al Ministerio para el Servicio Penitenciario le exigimos que den información clara, le recordamos que para los privados de libertad la visita es sagrada.

Desde las 5:00 a. m. de este #21May, un grupo de familiares permanecen a las afueras del Internado Judicial de Barinas (Injuba) bajo la lluvia, sin recibir información sobre la visita programada para hoy. La angustia crece ante la falta de respuesta oficial, pues los familiares informan que en un día normal la visita comienza a las 8:00 a. m. y hasta el momento no les dan acceso. Los familiares aseguran que observan movimientos inusuales de funcionarios dentro del recinto, lo que aumenta el temor, ya que el viernes pasado los presos fueron sometidos a una requisa que describieron como violenta y que culminó con el traslado de más de 40 internos hacia el Centro Penitenciario de Yare III y, a su vez, con el aislamiento de un grupo de 80 privados de libertad en el área conocida como “el tigrito” en el Injuba, quienes tienen suspendidas la visita y el pase de paquetería. Sobre los privados de libertad que fueron trasladados hasta Yare III, solo algunos se han comunicado con sus seres queridos, otros aún esperan por información. Hasta ahora, no hay listados oficiales ni explicaciones claras. Desde Observatorio Venezolano de Prisiones exigimos a la defensora del pueblo Eglée González Lobato | para que instale a la Defensor del Pueblo a que haga acto de presencia en Injuba y se reúna con los familiares y autoridades del penal. Asimismo, para que solicite que se respete el derecho a la visita y brinden información veraz sobre la integridad física de la población reclusa. Y también hacemos un llamado al Ministerio Público para que realice una investigación exhautiva e imparcial por lo que vienen denunciando los familiares sobre el aislamiento de los internos. Mientras que al Ministerio para el Servicio Penitenciario le exigimos que den información clara, le recordamos que para los privados de libertad la visita es sagrada.

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#8Dic Familiares denuncian que los custodios del Centro Penitenciario de #Aragua, en Tocorón, no permiten el ingreso de los parientes del joven que, presuntamente, trató de quitarse la vida. Detallaron que los seres queridos del hombre quieren entrar a constatar su estado físico y mental, y solo les enseñaron una foto de él. Según las informaciones recibidas por Observatorio Venezolano de Prisiones, el joven intentó suicidarse pero sus compañeros le salvaron la vida. Responsabilizamos al Estado venezolano sobre la integridad física de los jóvenes detenidos arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales, que están bajo su custodia. La prisión injusta está causando estragos en la salud mental de los privados de libertad y el régimen de Maduro no hace nada para evitarlo.

#8Dic Familiares denuncian que los custodios del Centro Penitenciario de #Aragua, en Tocorón, no permiten el ingreso de los parientes del joven que, presuntamente, trató de quitarse la vida. Detallaron que los seres queridos del hombre quieren entrar a constatar su estado físico y mental, y solo les enseñaron una foto de él. Según las informaciones recibidas por Observatorio Venezolano de Prisiones, el joven intentó suicidarse pero sus compañeros le salvaron la vida. Responsabilizamos al Estado venezolano sobre la integridad física de los jóvenes detenidos arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales, que están bajo su custodia. La prisión injusta está causando estragos en la salud mental de los privados de libertad y el régimen de Maduro no hace nada para evitarlo.

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"A mi hijo lo dejaron morir como a un animal, allí encerrado". Con estas palabras, la madre de Leonardo José Figueroa, denuncia la negligencia y la falta de humanidad que terminaron con la vida del hombre de 46 años, quien murió el #28May en el Internado Judicial de Monagas, La Pica, tras dos años con cáncer. Figueroa estaba recluido en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, cuando fue sacado de emergencia a Maturín, fue atendido, operado y diagnosticado con cáncer. Desde entonces se ordenó su detención en un centro penitenciario en Monagas, región donde se encontraba su familia. ​A pesar de la gravedad de su condición y de la prescripción médica que indicaba la necesidad urgente de quimioterapias, el tratamiento nunca se materializó. La falta de unidades de transporte en el centro de reclusión y la burocracia institucional no le garantizaron el derecho a la salud. Su familia denuncia que en todos estos años nunca le permitieron que fuese evaluado por un oncológo. Su defensa y su madre acudieron a distintas instituciones, a la juez que llevaba su causa le solicitaron en reiteradas oportunidades la orden para ser trasladado y recibir una atención médica especializada, así como una medida humanitaria. Sin embargo, les alegaban que los exámenes no llegaban, que habían desaparecido, pero nunca hubo una respuesta que beneficiara a Leonardo. A pesar de la enfermedad que padecía el privado de libertad, en La Pica no ajustaron una dieta balanceada, le daban los mismos alimentos que al resto de la población reclusa, por lo que su familia se dedicó a llevarle una comida ajustada a su dieta, pero solo le permitían el ingreso de forma semanal. En vista que Leonardo no tuvo un tratamiento adecuado y en cada visita su familia veía como se iba deteriorando su salud, tan solo podían comprar medicamentos para apaciguar el constante dolor que padecía. ​“Yo quiero que a mi hijo se le haga justicia, porque no se puede quedar ese caso así, impune. Porque prácticamente ella (la juez) no me lo condenó a 10 años, ella me lo condenó a muerte ahí", son las palabras de una madre que atraviesa por el dolor de haber perdido a un ser amado. La muerte de Leonardo es el reflejo de la crisis penitenciaria que existe en Venezuela, es la evidencia de lo que hemos denunciando constante en Observatorio Venezolano de Prisiones, que la falta de asistencia médica está matando a los reclusos y de como se vulneran sistematicamente sus DD. HH. Es el Estado el responsable de estos hechos. Con la muerte de Leonardo ya son 19 las personas privadas de libertad que han fallecido bajo custodia del régimen venezolano, entre abril y lo que va de mayo de 2026. Este caso está siendo debidamente documentado y se notificará antes instancias internacionales. ¡Habrá justicia!

Observatorio Venezolano de Prisiones

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Privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) tomaron las instalaciones del penal este #24May. Los reclusos denunciaron al equipo de Observatorio Venezolano de Prisiones que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de INJUBA y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas. Asimismo, aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas. De igual forma, denuncian que más de 120 privados de libertad permanecen castigados en una celda de aislamiento. También alertan que el director presuntamente estaría realizando disparos hacia las torres del penal, una situación que podría desencadenar una tragedia. Desde Observatorio Venezolano de Prisiones hemos venido denunciando estas prácticas, así como la suspensión de visitas, los traslados inconsultos y los aislamientos prolongados dentro del recinto penitenciario. Esta es una situación que pudo haberse evitado si la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público hubiesen cumplido con el rol que les corresponde, tal como lo hemos exigido reiteradamente. Instamos a estos funcionarios a salir de sus oficinas y dirigirse de inmediato a INJUBA para garantizar los derechos y la vida de las personas privadas de libertad. Asimismo, responsabilizamos a Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, por cualquier hecho que pueda ocurrir en INJUBA. Como organización, nos preocupa que puedan repetirse hechos como los ocurridos en Yare III, donde tras una protesta motivada por una requisa, funcionarios dispararon contra la población reclusa, ocasionando una masacre que hasta hoy el Ministerio Público continúa investigando sin resultados concretos.

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14,583 просмотров • 20 дней назад

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Los hijos del teniente coronel del Ejército, Igbert Marín Chaparro, de 13 y 8 años de edad, han crecido prácticamente sin ver ni escuchar a su papá, preso político recluido en la cárcel del Rodeo I. Desde el 2 de marzo de 2018, cuando fue detenido, el Marín Chaparro ha sido sometido a desaparición forzada, aislamiento en celdas diminutas, torturas y falta de atención médica. En casa tienen la esperanza de verlo libre luego de las excarcelaciones que se han dado desde el 8 de enero. Sus padres, de 77 y 83 años, han envejecido con la injusta prisión de su hijo. “No sé lo que es dormir desde el 8 de enero, duermo con el celular al lado de mi almohada, a cada hora me levanto viendo las noticias, es una angustia enorme”, relata su hermana Ignell Marín (Liberen a Igbert). El teniente coronel cumplió la condena de 7 años y 6 meses, de su primera causa, el 9 de septiembre de 2025. Sin embargo, el 1° de febrero de 2024 fue imputado por el caso de La Viñeta, en una audiencia clandestina en la Dgcim en horas de la noche, que podría postergar el encarcelamiento hasta por 30 años. Hasta la fecha no le han permitido defensa de su confianza. Desde el 30 de abril de 2024 hicieron la audiencia preliminar y hasta la fecha esperan juicio. Por el caso de La Viñeta lo imputaron por los delitos de terrorismo, conspiración, asociación y traicion a la patria. Marín Chaparro tiene dos años en la cárcel del Rodeo I, donde los familiares denuncian que les ponen una capucha al momento de la visita. En esa prisión hemos documentado torturas, castigos en celdas y aislamiento prolongado. A los parientes los castigan con la suspensión de la visita si denuncian a los medios de comunicación lo que allí sucede. Pero el teniente coronel también estuvo detenido en la Dgcim de Boleíta, donde inició una huelga de hambre en rechazo a las torturas que recibían en la celda llamada “la casa de los sueños”. Observatorio Venezolano de Prisiones exige la libertad y sin restricciones e inmediata de Igbert Marín Chaparro y de todos los presos políticos.

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33,390 просмотров • 5 месяцев назад

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Jonathan Rodríguez, un joven de 29 años diagnosticado con autismo, fue detenido el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, cuando salía de una panadería en Maracay, estado Aragua, en una zona donde ocurrían manifestaciones. Actualmente está recluido en la cárcel de Tocorón. Por su condición de discapacidad, Jonathan encuentra equilibrio emocional a través del contacto con la naturaleza y los animales, motivo por el cual decidió trabajar como pescador. Sin embargo, su vida dio un giro drástico: lleva más de cinco meses encarcelado, sin acceso a un abogado privado y representado únicamente por un defensor público designado por el Gobierno. Durante este tiempo, su salud se ha deteriorado significativamente. Su familia denuncia que está desnutrido y enfermo, lo que ha afectado también a su madre, quien sufre un profundo desgaste físico y emocional debido a la incertidumbre y el sufrimiento. Ante esta situación, su madre ha viajado a Caracas para solicitar al tribunal especializado en terrorismo que evalúe la condición médica de Jonathan. Además de su deterioro físico, ha insistido en que las autoridades reconozcan su condición de autismo, pero hasta ahora no han recibido respuestas. Las acusaciones contra Jonathan incluyen cargos graves como instigación al odio, resistencia a la autoridad, terrorismo y asociación para delinquir, con una posible condena de hasta 30 años de prisión. Su hermana Mariela señala que estas imputaciones forman parte de un patrón de persecución y ensañamiento hacia los detenidos en el contexto de las protestas. Desde Observatorio Venezolano de Prisiones exigimos la inmediata liberación de Jonathan Rodríguez sin restricciones, así como la de todos los detenidos arbitrariamente en Venezuela, quienes son víctimas de privación de sus derechos humanos.

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